La corruptora 26

A la memoria de Eduardo Castañeda Sanromán, un amigo generoso y bueno.

 

Sergio Aguayo. Las construcciones irregulares en el DF son un problema gigantesco y su expresión más agresiva es la Norma 26 que forma parte de la reglamentación urbana. Pese a su influencia corruptora, Miguel Ángel Mancera la sigue tolerando.

Nació el 8 de abril de 2005 y se modificó en 2010. Desde su nombre traía las mejores intenciones: "Norma para Incentivar la Producción de Vivienda Sustentable, de Interés Social y Popular". Su fórmula fue permitir más niveles -de hecho más departamentos sobre el mismo terreno- de lo permitido en la normatividad urbana. Le pusieron como candado el "precio final de venta": cada departamento sólo puede venderse en 700 mil pesos (entre 20 y 30 salarios mínimos anualizados).

Las buenas intenciones se extraviaron en el remolino creado por la codicia de las inmobiliarias y la corrupción de los funcionarios. Menciono una de las maneras que encontraron para evadir el tope en el precio: 1) Una empresa compra el terreno, obtiene permisos refugiándose en la Norma 26 y construye frenéticamente para burlar a los vecinos inconformes con edificios que afectan servicios y deterioran calidad de vida; 2) cuando el edificio está en la etapa de obra gris terminan un departamento para tomarle fotos, hacen la corrida financiera para demostrar que están en el precio fijado y obtienen el aviso de terminación de obra; 3) con ese documento venden el edificio a otra empresa y disuelven la compañía original; 4) la nueva empresa vende sin límites en el precio.

Se ignora el número de construcciones amparadas en la Norma 26; la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) me informó que han recibido 63 denuncias de vecinos entre 2011 y 2013 pero aceptan que puede haber más. Se sabe que las ganancias son enormes. Un edificio en Acordada 100, San José Insurgentes, tendrá unos 12 departamentos en seis niveles (el doble de lo permitido). Se construye bajo la Norma 26 (los vecinos tienen la documentación) pero la inmobiliaria Espriú Bienes Raíces ofrece uno de ellos en 6 millones 500 mil pesos. Para dimensionar el fenómeno, la delegación Benito Juárez estima en 900 las construcciones irregulares.

Hay un movimiento vecinal en diferentes partes de la ciudad que se opone de distintas maneras al saqueo. Impresiona la calidad de sus conocimientos y la fuerza de su determinación. Por ellos, el gobierno anterior suspendió el 8 de octubre de 2012 la Norma 26 reconociendo, en la Gaceta Oficial del DF, que hubo excesos que beneficiaron a "diversos agentes inmobiliarios" lo cual provocó la "inconformidad de los habitantes". Una fuente que ocupó un alto cargo en el gobierno de Marcelo Ebrard acepta que tuvieron que suspender la Norma "por todos los abusos que se estaban cometiendo, especialmente los que se daban en Álvaro Obregón", una delegación controlada por "los Bejarano".

Sabían de los abusos y lo reconocieron por escrito pero sólo suspendieron temporalmente la Norma. Nadie investigó, mucho menos sancionó a los funcionarios responsables. Por ejemplo, todos los entrevistados coinciden en que debería auditarse la gestión del arquitecto Felipe Leal Hernández, titular con Marcelo Ebrard de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi). Bajo su dirección la Seduvi consolidó su prestigio como entidad opaca, corrupta y defensora de las inmobiliarias. No es la única dependencia que lo hacía pero sí la más poderosa y estratégica.

Pese a todos estos antecedentes, Miguel Ángel Mancera aceptó que el nuevo titular de la Seduvi, Simón Neumann Ladenzon, resucitara la Norma el 23 de enero de 2013. Me sigue sorprendiendo la capacidad que tienen nuestros gobernantes para el olvido. En octubre de 2012 reconocieron en el periódico oficial de la capital las irregularidades de las inmobiliarias; tres meses después en ese mismo medio se corrigieron al decir que el problema estuvo en que la Norma se aplicó de manera "indiscriminada" para construir ¡"vivienda de interés social y popular"! De repente olvidaron los edificios de lujo que siguen levantándose por toda la ciudad.

En la reactivación de la Norma 26, la Seduvi sólo excluyó algunas zonas pero mantuvo -junto a otras dependencias- la vocación por la opacidad. Por ejemplo, en las páginas de Internet de la Seduvi y las delegaciones, tan afectadas por las construcciones irregulares como Álvaro Obregón y Benito Juárez, no dan la información que se requiere sobre la Norma 26 lo cual imposibilita saber cuáles construcciones se benefician con ella.

Hay delegaciones y dependencias (como la PAOT) que buscan frenar el desorden. El jefe de Gobierno también se ha mostrado dispuesto a aplicar la ley en casos específicos. Sin embargo, es totalmente ilógico que dejen sin mecanismos de control la corruptora Norma 26. Con ello, actúan como si fueran empleados de las inmobiliarias que van destrozando una ciudad reglamentada a la medida de sus intereses.

Colaboró Paulina Arriaga Carrasco.