Liébano Sáenz. La aprobación de la reforma migratoria este jueves por el Senado de EU es una medida trascendente para ese país y para México. Finalmente ha prevalecido la sensatez y el sentido común. El cambio no es una concesión a la ilegalidad, como suelen creerlo los impugnadores de la reforma. En realidad, los migrantes contribuyen de manera significativa a la economía norteamericana; sin embargo, su condición “irregular” genera distorsiones que deben resolverse a través de un esquema formal, justo e incluyente. Un factor que también coadyuvó al cambio de opinión de los políticos respecto de los migrantes ilegales tiene que ver con la creciente influencia del voto “hispano” en las elecciones. Los republicanos se muestran obligados a actuar proactivamente, ya que el alineamiento de ese voto hacia los demócratas es abrumador.
En cierto sentido, lo que gana EU con la migración lo pierde México. Son muchos los jóvenes y mujeres de valor que dejan el país por falta de oportunidades en sus lugares de origen. Y no son pocas las regiones que se han visto mermadas en su capital humano precisamente por esta consideración, sin soslayar el beneficio que obtiene México a través de las remesas que los migrantes envían a sus familias. Lamentablemente esos recursos, en buena parte, son destinados al consumo y no a la inversión productiva.
La migración temporal es una opción que puede beneficiar a ambos países; para tales efectos se ha concertado con las organizaciones laborales norteamericanas y la Cámara de Comercio de EU un esquema de trabajadores temporales que podría alcanzar hasta 200 mil plazas, dependiendo de variables económicas como el desempleo y la apertura de oportunidades de trabajo.
La reforma migratoria tiene el alcance de resolver la condición ilegal de 11 millones de personas; sin embargo, en la Casa de Representantes, el equivalente a la Cámara de Diputados nuestra, el contenido de la reforma podría cambiar.
La reforma no plantea una amnistía, sino un largo proceso de más de 13 años para la formalización de los migrantes ilegales, quienes tendrían que demostrar sus antecedentes no criminales, pagar una multa y sus impuestos, y aprender inglés. Uno de los aspectos en controversia es el planteamiento de que los migrantes ilegales adquieran un estatus legal una vez que inician el procedimiento, lo que además de dar certeza de derechos laborales y jurídicos, implicaría una virtual integración formal a la fuerza laboral, con todo lo que ello implica. Hoy, la condición ilegal no solo significa menor ingreso, sino trabajo en áreas de poco interés para la fuerza laboral formalizada.
Entre los conservadores la preocupación es doble; les inquieta, por una parte, “premiar” a quienes ingresaron al territorio norteamericano violando la ley; y, por la otra, privilegiar a los extranjeros sobre los nacionales. El hecho es que, desde siempre, la migración ha sido un componente fundamental para la competitividad de la economía norteamericana.
Si bien es cierto que el alineamiento de los conservadores es fundamentalmente con el Partido Republicano, también lo es que en esa institución ha habido figuras importantes a favor de la reforma migratoria. El presidente George W. Bush buscó infructuosamente avanzar en un cambio y ahora, la comisión bipartidista de ocho senadores fue clave para el consenso en la Cámara alta. En ella participa el senador cubano-americano republicano por Florida, Marco Rubio, quien es mencionado, a sus 42 años, como posible candidato presidencial en 2016.
Las concesiones a los sectores conservadores para la aprobación de la reforma significaron el compromiso de fortalecer la seguridad en la frontera mediante una policía más numerosa, el incremento de vuelos, el uso de tecnología de vigilancia y el establecimiento de murallas en la línea divisoria. Como todo, queda claro que se trata de una solución unilateral y que reproduce el equilibrio político que existe en el Senado, circunstancia mucho más favorable a la causa migratoria ahí que la que se sabe impera en la Casa de Representantes.
La Cancillería ha expresado el beneplácito del Gobierno por la reforma migratoria y se ha pronunciado por una frontera más moderna y eficiente. También ha señalado que la migración ilegal no se resuelve con muros ni con policías, sino atendiendo las causas que generan los movimientos migratorios. Queda claro que para México, la mejor solución es una economía en crecimiento, uno de los objetivos del gobierno de la República y del Pacto por México. Las reformas, y el acuerdo en el Congreso y entre los partidos políticos con el Gobierno, han sido una variable reciente con enorme potencial para modificar la negativa imagen del país en el mundo y, de esta forma, mejorar las condiciones para la inversión extranjera directa.
Aunque los mexicanos son el componente mayor de la migración a EU, coexisten con muchas otras nacionalidades. Para el caso del grupo hispano, México debe asumir una postura de acuerdo y de entendimiento con los países centroamericanos donde, en virtud del tamaño de las economías y de la población, la migración se vuelve el factor de estabilidad económica y bienestar. Como tal, la política exterior de México debe reactivarse ante los países del sur para presentar una postura común fundada en la responsabilidad, la visión integral del tema migratorio y, particularmente, la vigencia plena a los derechos humanos; exigencia que se debe corresponder en México con el trato a los cientos de miles de migrantes ilegales de Centroamérica y de otras zonas del continente.
La ruta legislativa para ratificar la decisión del Senado se anticipa complicada. El equilibrio de fuerzas entre los representantes favorece a los conservadores, además de que en muchos de sus distritos no hay una fuerte presencia electoral de hispanos para generar una presión derivada de la expectativa de reelección, una de las variables determinantes del voto legislativo en el Congreso norteamericano. La aprobación de la reforma es cuestión de tiempo. Más temprano que tarde, por necesidad económica y política, los millones de migrantes ilegales tendrán una respuesta.
En cierto sentido, lo que gana EU con la migración lo pierde México. Son muchos los jóvenes y mujeres de valor que dejan el país por falta de oportunidades en sus lugares de origen. Y no son pocas las regiones que se han visto mermadas en su capital humano precisamente por esta consideración, sin soslayar el beneficio que obtiene México a través de las remesas que los migrantes envían a sus familias. Lamentablemente esos recursos, en buena parte, son destinados al consumo y no a la inversión productiva.
La migración temporal es una opción que puede beneficiar a ambos países; para tales efectos se ha concertado con las organizaciones laborales norteamericanas y la Cámara de Comercio de EU un esquema de trabajadores temporales que podría alcanzar hasta 200 mil plazas, dependiendo de variables económicas como el desempleo y la apertura de oportunidades de trabajo.
La reforma migratoria tiene el alcance de resolver la condición ilegal de 11 millones de personas; sin embargo, en la Casa de Representantes, el equivalente a la Cámara de Diputados nuestra, el contenido de la reforma podría cambiar.
La reforma no plantea una amnistía, sino un largo proceso de más de 13 años para la formalización de los migrantes ilegales, quienes tendrían que demostrar sus antecedentes no criminales, pagar una multa y sus impuestos, y aprender inglés. Uno de los aspectos en controversia es el planteamiento de que los migrantes ilegales adquieran un estatus legal una vez que inician el procedimiento, lo que además de dar certeza de derechos laborales y jurídicos, implicaría una virtual integración formal a la fuerza laboral, con todo lo que ello implica. Hoy, la condición ilegal no solo significa menor ingreso, sino trabajo en áreas de poco interés para la fuerza laboral formalizada.
Entre los conservadores la preocupación es doble; les inquieta, por una parte, “premiar” a quienes ingresaron al territorio norteamericano violando la ley; y, por la otra, privilegiar a los extranjeros sobre los nacionales. El hecho es que, desde siempre, la migración ha sido un componente fundamental para la competitividad de la economía norteamericana.
Si bien es cierto que el alineamiento de los conservadores es fundamentalmente con el Partido Republicano, también lo es que en esa institución ha habido figuras importantes a favor de la reforma migratoria. El presidente George W. Bush buscó infructuosamente avanzar en un cambio y ahora, la comisión bipartidista de ocho senadores fue clave para el consenso en la Cámara alta. En ella participa el senador cubano-americano republicano por Florida, Marco Rubio, quien es mencionado, a sus 42 años, como posible candidato presidencial en 2016.
Las concesiones a los sectores conservadores para la aprobación de la reforma significaron el compromiso de fortalecer la seguridad en la frontera mediante una policía más numerosa, el incremento de vuelos, el uso de tecnología de vigilancia y el establecimiento de murallas en la línea divisoria. Como todo, queda claro que se trata de una solución unilateral y que reproduce el equilibrio político que existe en el Senado, circunstancia mucho más favorable a la causa migratoria ahí que la que se sabe impera en la Casa de Representantes.
La Cancillería ha expresado el beneplácito del Gobierno por la reforma migratoria y se ha pronunciado por una frontera más moderna y eficiente. También ha señalado que la migración ilegal no se resuelve con muros ni con policías, sino atendiendo las causas que generan los movimientos migratorios. Queda claro que para México, la mejor solución es una economía en crecimiento, uno de los objetivos del gobierno de la República y del Pacto por México. Las reformas, y el acuerdo en el Congreso y entre los partidos políticos con el Gobierno, han sido una variable reciente con enorme potencial para modificar la negativa imagen del país en el mundo y, de esta forma, mejorar las condiciones para la inversión extranjera directa.
Aunque los mexicanos son el componente mayor de la migración a EU, coexisten con muchas otras nacionalidades. Para el caso del grupo hispano, México debe asumir una postura de acuerdo y de entendimiento con los países centroamericanos donde, en virtud del tamaño de las economías y de la población, la migración se vuelve el factor de estabilidad económica y bienestar. Como tal, la política exterior de México debe reactivarse ante los países del sur para presentar una postura común fundada en la responsabilidad, la visión integral del tema migratorio y, particularmente, la vigencia plena a los derechos humanos; exigencia que se debe corresponder en México con el trato a los cientos de miles de migrantes ilegales de Centroamérica y de otras zonas del continente.
La ruta legislativa para ratificar la decisión del Senado se anticipa complicada. El equilibrio de fuerzas entre los representantes favorece a los conservadores, además de que en muchos de sus distritos no hay una fuerte presencia electoral de hispanos para generar una presión derivada de la expectativa de reelección, una de las variables determinantes del voto legislativo en el Congreso norteamericano. La aprobación de la reforma es cuestión de tiempo. Más temprano que tarde, por necesidad económica y política, los millones de migrantes ilegales tendrán una respuesta.
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