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| En el país hay miles de personas desplazadas por la ambición y la especulación |
“La Nación mexicana tiene una composición pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de las lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos, formas específicas de organización social, y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos agrarios en que aquéllos sean parte se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los términos que establece la ley”.
(Artículo 4º, fracción VII del artículo 27, de la Constitución)
Concha Moreno. A mediado de este mes de junio, la Red de Defensa de los Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental (CODHHSO), y el Comité Popular de Derechos Humanos de Michoacán, solicitaron la intervención urgente ante detención masiva de indígenas tzotziles integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo en Chiapas.
La situación de tensión en la cabecera municipal de Venustiano Carranza, que se generó a raíz de un conflicto, quizás provocado desde fuera, entre dos grupos de campesinos, se agudizó en fechas recientes con la entrada de los cuerpos de seguridad, el ejército y la marina.
Según informaron del Frente, el pasado 17 de junio, elementos de los cuerpos antes mencionados llegaron a la casa de José Vázquez Hernández, presidente del Comisariado de Bienes Comunales Casa del Pueblo de Venustiano Carranza, con la intención de detenerlo, pero no se encontraba en ese lugar. Sin embargo, sí que estaba presente Miguel Hidalgo Vázquez, quien fue detenido de forma violenta. Hidalgo es el esposo de Catarina Gómez Martínez, quien se encuentra presa de manera arbitraria e injusta en el penal de mediana seguridad El Amate, en Chiapas.
Después de realizar la detención, policía y militares se desplegaron por la zona y detuvieron al profesor y comunero Juan Noé Vázquez de la Torre.
Hasta el momento no se sabe de su paradero, ni del lugar al que fue trasladado, por lo que la comunidad teme por su integridad física y psicológica. Hasta ahora ya se han producido diecisiete detenciones, y según informes todos los arrestados han sufrido tortura física y psicológica.
También se tiene conocimiento de que en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez están siendo detenidos otros integrantes del FNLS por elementos de la policía estatal.
Es importante destacar que estas detenciones se han producido de forma previa a una reunión de las partes en conflicto con el gobierno del Estado de Chiapas, al objeto de solucionar la problemática de las comunidades que sufrieron represión. Bonita forma de intentar solucionar el problema: echando gasolina al fuego.
Hostigamientos continuados
Por su parte, la Red de Defensa de los Derechos Humanos ha dado seguimiento a los persistentes actos de hostigamiento, encarcelamientos arbitrarios, torturas y desapariciones forzadas en contra de las comunidades organizadas del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo; es importante señalar que la OCEZ-FNLS y sus comunidades se encuentran desde meses atrás en un permanente clima de persecución por parte del ejército, la marina y bandas paramilitares.
Para la Red, estos hechos contravienen los convenios internacionales, firmados y ratificados por el Gobierno mexicano en esta materia. Esto significa que el Estado tolera, promueve y consiente actos ilegales en contra de las comunidades indígenas y campesinas, cargándose sus derechos y, de paso, el “estado de derecho”.
Por todo ello, esta organización solicita al Gobierno federal y al del Estado de Chiapas la libertad de los detenidos, y que garantice su integridad física y psicológica, así como la de sus familiares, amistades, y de los integrantes de las organizaciones solidarias que les apoyan.
Por otro lado, y sustentados en el Artículo 8 de la Constitución mexicana, solicitan que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e imparcial al efecto de que sean investigados, enjuiciados y sancionados los agentes del Estado que han intervenido en las operaciones que denuncian.
Indígenas protestan
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| Los indígenas tienen los mismos derechos que cualquier mexicano. |
Dicen tener información de que se han reunido miembros de inteligencia y seguridad nacional con el secretario de Gobierno, Noé Castañón León, y el subsecretario de Gobierno y de DD HH, Mario Carlos Culebro Velasco, en donde diseñaron y aprobaron la incursión policial y militar en Venustiano Carranza. Aseguran que quien lo autorizó ha sido Culebro Velasco, a quien hacen responsable, principalmente, de lo que suceda en el municipio.
También el centro de derechos humanos Fray Bartolomé de Las Casas ha informado sobre estos sucesos, que, aseguran, ponen en riesgo la vida y la integridad de la población en general que habita en Venustiano Carranza. Responsabilizan al gobierno del Estado de Chiapas, a cargo de Manuel Velasco Coello, de los hechos de violencia que cometen las fuerzas públicas, y también señalan a Noé Castañón como “perpetrador” de las acciones.
Por otra parte, urgen al gobernador de Chiapas a que propicie la búsqueda de una solución pacifica evitando en todo momento el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública.
Y hay más. Informaciones no confirmadas, y por lo tanto acogidas con reserva, indican que el origen del conflicto radica en el cambio de titularidad de la tierra, que pasaría de comunal a privada, facilitando así la entrada de multinacionales mineras que explotarían a cielo abierto yacimientos de minerales estratégicos.
Las comunidades enfrentadas defienden: unas, mantener la propiedad comunal de la tierra (más de 7 mil Ha), gestionadas en comunidad desde 1830, y otras seducidas por títulos de propiedad de parcelas que podrían vender por una cantidad, que, dentro de su estado precario, les parece enorme. Naturalmente, si esto es así, es una ilegalidad y una manipulación fuera de todo derecho.
Más conflictos
No sé si estos casos son la punta del iceberg de lo que sucede en el país con las comunidades indígenas, lo que sí sé es que hay muchos más. Las comunidades totonacas denuncian que pretenden imponerles la construcción de una hidroeléctrica en Olintla, en la sierra norte de Puebla; la comunidad Wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán, Jalisco, exige intervención federal, pues necesita que garantice la seguridad para la ejecución de las sentencias que ordenan la restitución de tierras a la comunidad; y a la comunidad Pai-pai (baja California) le han “timado” de forma ignominiosa. Sin saber leer ni escribir, el presidente de la citada comunidad entregó por 30 años el usufructo de una superficie superior a las 62 mil hectáreas a la filial mexicana de la empresa estadounidense Asociados PanAmericanos (APA). Tras plasmar su huella digital, condenó a unas 90 familias a recibir mensualmente 900 pesos hasta 2041 como única compensación.
Por suerte, este último caso parece que puede resolverse favorablemente, pues está tratando de declarar ilegal el acuerdo Jaime Martínez Veloz, comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Pero, ¿quién se ocupa de arreglar el resto? ¿Realmente hay interés por proteger a las comunidades indígenas? Ellas son el origen del país, y si no se preservan, desaparecerá parte de la cultura mexicana. Se borrarán definitivamente las raíces, y perderá parte de su identidad.
Curiosamente, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) se define como un organismo del Gobierno Federal para la atención de la política social en México, que tiene como objetivos principales la justa valoración de las culturas indígenas, su asistencia social, así como la gestión para su capacitación y organización. Me pregunto si la institución es consciente de los problemas que sufre esta parte de la población y si está trabando para implementar alguna media, porque, sinceramente, hace mucha falta.
AL CALCE
Terminando de escribir este artículo llega a mi correo un aviso de Amnistía Internacional México que no puedo, ni debo, dejar de comunicar. Dice que diversos integrantes de la Unidad Popular (UP), han recibido amenazas tras exigir justicia sobre al reciente caso del secuestro y asesinato de tres de sus colegas, y que temen por sus vidas. UP es una organización recientemente formada en Iguala, Estado de Guerrero, que hace campaña y canaliza apoyos en favor de proyectos sociales y recursos para las comunidades indígenas locales. También ha respaldado al movimiento de maestros en el mismo Estado.
El 3 de junio se encontraron junto a una carretera cercana los cadáveres de Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Bandera Román, integrantes de esta organización, quienes tenían los ojos vendados y señales aparentes de tortura. La Procuraduría General del estado de Guerrero ha iniciado ya una investigación, pero las sospechas sobre la implicación de las autoridades locales en los secuestros y asesinatos han hecho que los activistas de UP pidan que la investigación la lleve a cabo la Procuraduría General de la República (PGR).
Desde esa fecha, han sido varios los integrantes de UP que han sido coaccionados o han recibido amenazas para que cesaran en sus actividades. Por ello, Amnistía solicita que se investigue quien está detrás de las amenazas, quiénes son los autores del secuestro y asesinato de Arturo, Félix y Ángel, que se garantice la seguridad de los supervivientes, además de que se haga rendir cuentas a los responsables de estos actos.
Arturo Hernández Cardona llevaba 15 años haciendo campaña en favor de los pueblos indígenas locales. Entre otras cosas, había pedido que se hiciera justicia en el caso de la masacre de El Charco, perpetrada en 1998. Además, él y otros miembros de UP presentaron el 29 de mayo una denuncia formal contra el alcalde y otras autoridades municipales por corrupción y acoso contra los miembros de UP.
En los últimos años, México se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y defender los derechos humanos. Solo en 2012, al menos seis periodistas fueron asesinados y muchos otros hostigados o amenazados. Amnistía Internacional considera que la situación de peligro persistirá mientras las personas responsables de estos ataques, incluyendo los casos en los que haya funcionarios públicos implicados, no rindan cuentas ante la justicia y se mantenga la impunidad.
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