Diputados se quitan el fuero, pero mantienen protección al Presidente

MVS.

La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó en lo general y lo particular, incluyendo algunas de las reservas presentadas, el dictamen sobre la minuta del Senado de la República, que prevé eliminar la inmunidad procesal, es decir el fuero constitucional.

Y los diputados así lo decidieron, con votación en general y sobre los artículos no impugnados, de 24 a favor y uno en contra, del vicecoordinador de Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía, se dio luz verde al cambio de palabras en el artículo 61 constitucional, de “fuero” por “inmunidad”, pero solo para proteger la libertad de expresión y mantener inviolables a los funcionarios por sus dichos.

También se eliminó por completo el juicio de procedencia, para que cuando un legislador o servidor público cometa un ilícito y un juez emita sentencia condenatoria en su contra, no tenga que pasar por el proceso de desafuero en la Cámara de Diputados, sino que enfrente su responsabilidad directamente, de inmediato.

Aunque a lo largo de la larga sesión, el argumento principal de los legisladores fue lograr la igualdad entre servidores públicos y ciudadanos, eliminar los privilegios legales, e incluso dijeron que no deben existir mexicanos “de primera” y “de segunda”, ya avanzado el debate, por acuerdo del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRI), se mantuvo la protección legal al Presidente de la República.

A decir de los legisladores de izquierda, con ello, se dejó en calidad de “intocable” al Primer Mandatario, que en caso de tener acusaciones y se le llegaran a comprobar, deberá pasar por un juicio de procedencia, donde la Cámara de Diputados será la instancia de origen del proceso y el Senado de la República, actuará como cámara revisora.

Las modificaciones hechas en la comisión de puntos constitucionales, fueron turnadas a la mesa directiva de San Lázaro, para que este jueves 28 de febrero, se les de trámite, para quedar de “primera lectura”, esto es, en la lista de temas a votar.

La discusión se centró en los términos del artículo 111 constitucional.

Fue el PAN el que propuso eliminar de la ley la declaración de procedencia, por lo que la Cámara no se ocupará más de separar del cargo al señalado ni de determinar si la sentencia de un juez es procedente o no.

Al hacer el planteamiento, el diputado Ricardo Villarreal, señalado en días pasados por su presunta relación con casas de apuestas y casinos, señaló que con los ajustes, los legisladores tendrán la oportunidad de defenderse en libertad y acudir a tribunales.

“Lo que no podemos seguir teniendo es la figura de declaración de procedencia que por protecciones políticas, se convierta en protección a la impunidad”, sentenció

En ese marco, el diputado federal del PRD, Fernando Zárate, advirtió que no se debe permitir que el Presidente de la República quede como “intocable”.

Expresó el rechazo al trato diferenciado entre los servidores públicos y exigió que el Jefe del Ejecutivo Federal predique con el ejemplo y sea el primero en mostrar respeto a la ley, sometiéndose a sus designios, en caso de quebrantarla.

En ello coincidió el diputado Mejía Berdeja, quien insistió en que los cambios generan desequilibrios entre los poderes de la Unión, debilitan al Legislativo y dejan al Presidente en calidad de “Tlatoani” o “monarca”, mientras que se condena a los legisladores, principalmente en los estados, a quedar a merced del hostigamiento de gobernadores, munícipes y jueces.

“Es una inmolación política  que además va acompañad de un guiño y una genuflexión al Presidente, porque aquí se está acentuando la desigualdad al titular del Ejecutivo. Por un lado se rascan las vestiduras en que al Legislativo se le va a despojar de una serie de privilegios y por otro lado, se va a dejar intocada la figura del Presidente”, reclamó.

Sobre el acuerdo PRI-PAN para negociar la eliminación de los desafueros, a cambio de no tocar al Primer Mandatario, el legislador sentenció que “salió el peine”, en cuanto los panistas votaron junto con el tricolor. “El PAN se estaría sometiendo a que siga el presidencialismo autoritario”, criticó Mejía.

De inmediato, la diputada del PRI, Alejandra del Moral, respondió al diputado del MC al aseverar que en el tema del fuero, ahora designado “inmunidad” no hay “ningún peine”.

“Dejar muy claro que no es una Presidencia intocable, que no hay ningún peine y que tan es así que el Presidente y lo digo muy claro, no es por un Presidente en específico, sino que es por la figura del Presidente de la República. La naturaleza de sus responsabilidades no son iguales a las de cualquier ciudadano”, defendió.

Esa postura respaldó lo planteado por el diputado Héctor Gutiérrez, quien aseveró que por la importancia del cargo, el Presidente debe tener trato de Jefe de Estado, como lo prevé la Constitución.

La diputada del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar, lamentó que el PAN haya aceptado dar un voto  “políticamente correcto” para terminar con la inmunidad de legisladores, pero no del Presidente, cuando lo que molesta a los ciudadanos, planteó, son los “charolazos”, los abusos, excesos y actos de corrupción que se escudan en la protección legal que les confiere el cargo.

Para justificar el voto del blanquiazul, el diputado Fernando Rodríguez Doval, no tuvo reparo en señalar que se mantiene la protección legal al Primer Mandatario, porque nunca ha sucedido y muy probablemente nunca ocurra, que el titular de la PGR, designado por el Presidente, vaya a investigar y enjuiciar a este.

“No olvidemos que hoy en día, el monopolio de la acción legal a nivel federal, lo tiene la Procuraduría General de la República. ¿Quién nombra al procurador general de la República hoy en día?, el Presidente de la República, es decir, el procurador tendría que iniciar un procedimiento en contra de su jefe. Ya quiero ver yo qué procurador va a hacer esto el día de hoy o en cualquier otro momento”, argumentó, tras señalar que el dilema es producto de un problema de diseño institucional.

De igual modo, determinaron a través de la aprobación de distintas reservas, que los congresos estatales hagan las modificaciones pertinentes a sus respectivas constituciones, para armonizarlas con las nuevas disposiciones; que cuando un funcionario público sea declarado culpable en un proceso judicial y esté separado del cargo por solicitud de licencia, no podrá volver a gozar de la “inmunidad” que tenía; y finalmente dar un plazo de 6 meses para la aplicación formal de la normatividad.

De ese modo, legisladores, ministros de la Corte, magistrados del Poder Judicial, gobernadores, delegados, asambleístas del DF, consejeros del IFE y los procuradores General de la República y de Justicia del DF, solo tendrán “inmunidad” respecto a sus dichos, pero por los ilícitos en que pudieran incurrir.

Todos ellos, podrán ser sujetos a proceso penal, pero sin ser privados de la libertad mientras estén en el ejercicio del cargo y no se emita sentencia condenatoria y “haya causado ejecutoria”, es decir, que esté firme. En esos casos, los jueces no podrán ordenar la privación, restricción o limitación de la libertad como medidas precautorias.
MVS.