Liébano Sáenz. Ya en una ocasión, Héctor Aguilar Camín analizó, con la sencillez y rigor que caracterizan sus textos, la leyenda negra que se va tejiendo en torno a los partidos políticos; esos entes que, a pesar de haberse localizado en el centro de la crítica y de la reserva de muchos ciudadanos, son fundamentales e imprescindibles en la vida política y pública nacional. Aquí y allá, los partidos son tan necesarios como cuestionados; unos y otros, con razón y, frecuentemente, sin ella. Sucede que los partidos en México no han salido airosos en las horas cruciales de la democracia, no obstante haber sido sus impulsores y jugado un papel preponderante en las elecciones y en el debate nacional. Pero la historia parece estar cambiando para bien: hoy, el Congreso es su escenario, y la reforma laboral, su mayor prueba.
La reforma a la Ley Federal de Trabajo, propuesta por el presidente Calderón bajo el expediente de iniciativa preferente, es muy importante en sus propios términos, pero lo es aún más por lo que significa y representa. Desde que fue presentada por el Presidente, se tomó con reserva y se visualizó más como un posicionamiento ideológico partidista que como un proyecto viable de la política laboral del gobierno actual. No deja de ser controvertido que estos proyectos hayan sido presentados por el Presidente en los últimos meses de su administración; sin embargo, la propuesta recoge temas fundamentales para la economía nacional y para el sector laboral.
La importancia de la reforma laboral trasciende su contenido porque representa la medida del nuevo entendimiento entre las fuerzas políticas. Caso concreto es la alianza que encabezan el PRI y el PAN, y que instituye una mayoría legislativa vigorosa con alcances significativos. En muchos sentidos, lo que se observa en el Congreso es inédito: una iniciativa del Presidente del PAN que es atendida por la mayoría del PRI sin alterar los aspectos esenciales relacionados con la economía y la justicia laboral. El acuerdo de por medio confirma lo que se esperaba del Congreso en una situación de gobierno dividido; las diferencias propias de la diversidad política no deben obstruir el entendimiento y la construcción de acuerdos.
Algún sector de opinión asume que los elementos excluidos del texto original de la iniciativa alteran de manera importante el proyecto presidencial. No me parece que así sea y considero que la democracia debe ser, por una parte, realista y, por la otra, tiene que partir de las condiciones existentes y del equilibrio de fuerzas; el voluntarismo está bien para la arenga y la opinión ligera, pero no para tomar decisiones de gobierno en temas críticos.
En México, como en muchas democracias, las organizaciones laborales son factores de poder e influencia. El debate y los cambios legales deben considerarlas, además de que, guste o no, los arreglos corporativistas son consistentes con los principios de la vida democrática. En todo caso, lo que debe exigirse es la modernización del sindicalismo mexicano, pero ésta es una tarea que debe tener su impulso en los mismos trabajadores y no como una presión de los enemigos del movimiento obrero o del candor academicista.
En los partidos que suelen criticar al PRI no deja de haber una suerte de doble moral o inconsistencia. La postura que asumen ante las organizaciones laborales cuando están en el poder no es la misma que exhiben cuando luchan desde la trinchera de la oposición; especialmente en la izquierda, la democracia que se exige a las organizaciones laborales no afines es distinta de la que sí le toleran a los sindicatos adherentes. La realidad es que el sindicalismo mexicano está en proceso de transformación y los principales retos que enfrenta son el desempleo y la necesidad de participar activamente en la transformación económica del país salvaguardando los derechos de los trabajadores. Es un viejo problema, pero la realidad se impone; además, la fuerza laboral mexicana es uno de los mayores activos del país y representa una apuesta para el crecimiento económico y la competitividad de México.
La reforma es importante también porque perfila las relaciones del próximo gobierno con su partido y con las oposiciones. Más aún, este cambio legal es referencia obligada de la voluntad y determinación del futuro presidente de México para llevar a buen término los ajustes requeridos, para guiar a su partido hacia la modernidad y para acordar con la oposición los términos del cambio institucional. La reforma laboral puede no ser la más importante, pero simboliza el paso inicial de un proceso que pone a todos a prueba: a los partidos, a los legisladores y al presidente de la República. De ahí el que en el contexto político actual la reforma laboral sea considerada como la madre de todas las reformas.
El debate y la oposición deben asumirse como factores naturales del proceso de cambio. No se trata de soslayar a quienes se oponen; es necesario escuchar las razones y pulsar las resistencias. Sin embargo, tampoco es sano caer en la inmovilidad por la pretensión de consenso o por el miedo al rechazo. Además, es crucial que la oposición se despoje de la rigidez y renuncie a la práctica de chantaje. El país requiere cambios legales y, por el bien de todos, es importante que éstos cobren realidad en el marco del diálogo y del debate incluyente; sin imposturas y con claridad sobre lo que es mejor para el futuro de todos.
La agenda legislativa hacia adelante es compleja; su procesamiento requerirá de la voluntad de la mayoría, de la madurez de la oposición y su lealtad a las reglas del juego democrático, precisamente, una de las más graves debilidades de la transición democrática en el país. Es positivo que buena parte del sector laboral haya actuado favorable y constructivamente respecto al cambio legal en curso. Es un ejemplo y una lección para lo que venga y, sobre todo, para otros sectores económicos y políticos que podrían temer al cambio. El abanico de temas es amplio y buena parte de ellos son de difícil consenso, como es el caso de una reforma hacendaria avanzada. Así, más allá de sus alcances directos, la reforma laboral simboliza un buen arranque hacia el porvenir.
http://twitter.com/liebano
La reforma a la Ley Federal de Trabajo, propuesta por el presidente Calderón bajo el expediente de iniciativa preferente, es muy importante en sus propios términos, pero lo es aún más por lo que significa y representa. Desde que fue presentada por el Presidente, se tomó con reserva y se visualizó más como un posicionamiento ideológico partidista que como un proyecto viable de la política laboral del gobierno actual. No deja de ser controvertido que estos proyectos hayan sido presentados por el Presidente en los últimos meses de su administración; sin embargo, la propuesta recoge temas fundamentales para la economía nacional y para el sector laboral.
La importancia de la reforma laboral trasciende su contenido porque representa la medida del nuevo entendimiento entre las fuerzas políticas. Caso concreto es la alianza que encabezan el PRI y el PAN, y que instituye una mayoría legislativa vigorosa con alcances significativos. En muchos sentidos, lo que se observa en el Congreso es inédito: una iniciativa del Presidente del PAN que es atendida por la mayoría del PRI sin alterar los aspectos esenciales relacionados con la economía y la justicia laboral. El acuerdo de por medio confirma lo que se esperaba del Congreso en una situación de gobierno dividido; las diferencias propias de la diversidad política no deben obstruir el entendimiento y la construcción de acuerdos.
Algún sector de opinión asume que los elementos excluidos del texto original de la iniciativa alteran de manera importante el proyecto presidencial. No me parece que así sea y considero que la democracia debe ser, por una parte, realista y, por la otra, tiene que partir de las condiciones existentes y del equilibrio de fuerzas; el voluntarismo está bien para la arenga y la opinión ligera, pero no para tomar decisiones de gobierno en temas críticos.
En México, como en muchas democracias, las organizaciones laborales son factores de poder e influencia. El debate y los cambios legales deben considerarlas, además de que, guste o no, los arreglos corporativistas son consistentes con los principios de la vida democrática. En todo caso, lo que debe exigirse es la modernización del sindicalismo mexicano, pero ésta es una tarea que debe tener su impulso en los mismos trabajadores y no como una presión de los enemigos del movimiento obrero o del candor academicista.
En los partidos que suelen criticar al PRI no deja de haber una suerte de doble moral o inconsistencia. La postura que asumen ante las organizaciones laborales cuando están en el poder no es la misma que exhiben cuando luchan desde la trinchera de la oposición; especialmente en la izquierda, la democracia que se exige a las organizaciones laborales no afines es distinta de la que sí le toleran a los sindicatos adherentes. La realidad es que el sindicalismo mexicano está en proceso de transformación y los principales retos que enfrenta son el desempleo y la necesidad de participar activamente en la transformación económica del país salvaguardando los derechos de los trabajadores. Es un viejo problema, pero la realidad se impone; además, la fuerza laboral mexicana es uno de los mayores activos del país y representa una apuesta para el crecimiento económico y la competitividad de México.
La reforma es importante también porque perfila las relaciones del próximo gobierno con su partido y con las oposiciones. Más aún, este cambio legal es referencia obligada de la voluntad y determinación del futuro presidente de México para llevar a buen término los ajustes requeridos, para guiar a su partido hacia la modernidad y para acordar con la oposición los términos del cambio institucional. La reforma laboral puede no ser la más importante, pero simboliza el paso inicial de un proceso que pone a todos a prueba: a los partidos, a los legisladores y al presidente de la República. De ahí el que en el contexto político actual la reforma laboral sea considerada como la madre de todas las reformas.
El debate y la oposición deben asumirse como factores naturales del proceso de cambio. No se trata de soslayar a quienes se oponen; es necesario escuchar las razones y pulsar las resistencias. Sin embargo, tampoco es sano caer en la inmovilidad por la pretensión de consenso o por el miedo al rechazo. Además, es crucial que la oposición se despoje de la rigidez y renuncie a la práctica de chantaje. El país requiere cambios legales y, por el bien de todos, es importante que éstos cobren realidad en el marco del diálogo y del debate incluyente; sin imposturas y con claridad sobre lo que es mejor para el futuro de todos.
La agenda legislativa hacia adelante es compleja; su procesamiento requerirá de la voluntad de la mayoría, de la madurez de la oposición y su lealtad a las reglas del juego democrático, precisamente, una de las más graves debilidades de la transición democrática en el país. Es positivo que buena parte del sector laboral haya actuado favorable y constructivamente respecto al cambio legal en curso. Es un ejemplo y una lección para lo que venga y, sobre todo, para otros sectores económicos y políticos que podrían temer al cambio. El abanico de temas es amplio y buena parte de ellos son de difícil consenso, como es el caso de una reforma hacendaria avanzada. Así, más allá de sus alcances directos, la reforma laboral simboliza un buen arranque hacia el porvenir.
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