Claroscuros | Luis Ignacio Sánchez
El
lunes pasado acaeció en el Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México un hecho lamentable y por mil
motivos condenable: tres personas perdieron la vida a raíz
de una balacera suscitada en el área de comida rápida
de dicho puerto aéreo (en la terminal 2). ¿Los
hechos? Policías federales sospechosos de dejar que
ciertos pasajeros viajaran con cantidades de dinero arriba de las permitidas,
así como con drogas, se encontraban a punto de ser detenidos
por dichas omisiones por compañeros de su propia corporación.
Al percatarse de que se acercaban a ellos para detenerles tres elementos, los
transgresores (que se encontraban sentados en la ya citada área
de comida rápida) desenfundaron sus armas y dispararon
contra aquellos encargados de arrestarlos de manera tan repentina, que los
agredidos no tuvieron oportunidad de defenderse. El resultado fue, como ya quedó
dicho, de tres muertos, aquellos que se encontraban en el cumplimiento de su
deber.
Esto
suceso es lamentable por dos razones. La primera lógicamente
por el hecho mismo: la pérdida de vidas humanas. El segundo, por
la evidente descomposición de las corporaciones de seguridad pública,
en especial la que se vio complicada en este caso y a la que tantas porras ha
echado el gobierno calderonista: la Policía Federal, corporación
modelo y ejemplo que, se supone, deberían de imitar el resto de grupos
policiacos y de seguridad del país.
Junto
con las fuerzas armadas, la Policía Federal fue la punta de lanza de la
actual administración en su fallida estrategia de combate
al crimen organizado y, por ello, una de las instituciones que mayores recursos
recibió de parte de la federación
con el objetivo de sanearla, moralizarla, fortalecerla y, en suma transformarla
en la corporación de seguridad que diera garantías
a los ciudadanos en todo el país y se convirtiera en el molde del cual
habrían de reformarse las demás
policías estatales y municipales.
Ahora
la pregunta obligada sería ¿Se logró
lo planteado por el gobierno federal a través
de los cuantiosos recursos económicos y humanos invertidos durante todo
el sexenio que este año toca a su fin? La respuesta difícilmente
podría ser afirmativa, a menos que juzguemos con base en la
vistosidad que dicha corporación luce en los desfiles cívicos
en los cuales sus efectivos lucen, con toda la gallardía
y disciplina dignas de una fuerza militar, elementos perfectamente instruidos
(al menos en formaciones) que al compás de la marcha portan o manipulan
equipo, vehículos y armamento de última
generación, especialmente diseñado
para hacer frente a la coyuntura criminal que vive el país
desde hace varios años.
Probablemente
el gobierno colocó para sí
mismo una meta demasiado alta como para ser alcanzada en un sólo
sexenio y bajo las circunstancias actuales, sin mencionar que no alentó
una mejor procuración de justicia, ni hizo reformas en
otras áreas para combatir la corrupción
interna de los diversos órganos de gobierno. A esto hay que
agregar el largo historial de irregularidades que protagonizaron (y
protagonizan) los elementos de la Policía Federal.
Como
ejemplo tenemos la tremenda impopularidad de dicha corporación
en diferentes regiones del país. Debido a la corrupción
y venalidad de sus agentes, buena parte de la sociedad la ve más
con temor que con la confianza con la que debería
de ser considerada una fuerza dedicada a la salvaguarda de la ciudadanía
general. En el norte del país las organizaciones delictivas hacían
saber (mediante las afamadas narcomantas) que se respetaban y hasta se
apreciaban a las fuerzas armadas, destacando que nada se tenía
contra estas instituciones, pero hacían saber también
que los miembros de la Policía Federal serían
perseguidos debido al hartazgo que generaban sus extorsiones y corruptelas. En
Michoacán, donde también
aparecieron mantas con mensajes parecidos, los grupos delictivos tuvieron menos
consideraciones con los policías federales, a quienes cazaron de
manera sistemática y a quienes se despreciaba
profundamente por servir, como se dice coloquialmente, a Dios y al Diablo, pues
dependiendo de la situación, se supo de casos en que los
federales protegían a un cártel,
sin que esto significara que dejaran de cobrar sus sueldos en la dependencia de
seguridad pública. El problema venía
cuando estos policías, para complacer a sus superiores con
"resultados" en la lucha antidrogas, arrestaban a miembros de cárteles
o decomisaban importantes cargamentos de estupefacientes, lo que era percibido
por líderes de los grupos criminales como una
traición, por lo que actuaban en consecuencia,
es decir, procedían a ejecutar a los
"infractores" que habían roto la regla más
importante del juego: la lealtad.
Así
pues, queda un largo camino por recorrer para que realmente pueda reformarse a
la actual Policía Federal (y las demás
del país) y se destierren de sus filas a los
nocivos elementos que se dejan corromper, colocando así
a la institución policiaca más
importante del país en un grave dilema de legitimidad,
pues la percepción general de la ciudadanía
es que sus miembros (con muchas excepciones, seguramente) no actúan
mas que en favor de intereses propios, y no en favor de la sociedad en su
conjunto. Para comenzar a acabar con este problema, debe ponerse atención
a la educación de los elementos policiacos, a su
moralización y civilidad, que deben soportar
cualquier prueba para asegurar que realizarán
su labor con integridad y honestidad. Otro punto importante sería
elevar su sueldo, de manera tal que sea más difícil
que se sientan seducidos por el "oro" del narcotráfico,
que ha probado ser extremadamente eficaz para corromper autoridades de todos
los niveles de gobierno, problema que por cierto, pronto tendrá
que ser resuelto por una nueva administración
de gobierno.
Academia: http://unam.academia.edu/LuisSanchez
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