La elección de mañana y lo que viene

Paralaje | Liébano Sáenz

Mañana podría escribirse una buena página de la historia del país. De todas las transiciones de poder nacional en este México bicentenario, la del año 2000 es el único caso de cambio en la normalidad. En este contexto, una buena noticia es el acuerdo de civilidad y de legalidad suscrito por los cuatro candidatos a la Presidencia y los dirigentes nacionales de los partidos. Sin embargo, lo que importa no está en manos de ellos, sino de los ciudadanos y de las autoridades electorales. Los candidatos y los partidos pueden optar por comportarse de una o de otra manera, lo que hace la diferencia es que exista una elección ordenada y concurrida. Es así que a los partidos y a los observadores les corresponde que la elección sea vigilada, de hecho y desde ya podemos decir que la de mañana domingo será la más blindada de la que se tenga memoria.

Es una falsa polémica sobre la calidad de la elección el tema relacionado con el reconocimiento del resultado por parte de los candidatos no favorecidos por el voto de la mayoría; este es un aspecto deseable y mucho, pero no indispensable. Al final, es responsabilidad individual y política hacer lo debido. No hay nada en reglamento que obligue al sentido común. De esta forma, que alguien se inconforme política o jurídicamente del resultado, con o sin razón, es un derecho que no se puede regatear; lo que tiene peso es la actitud que asuma el conjunto de la ciudadanía; es así que por esta consideración 2006 y 2012 son mundos aparte.

En la víspera de los comicios se puede hacer un balance de lo que hasta hoy ha ocurrido. Los candidatos han realizado su proselitismo con la más amplia libertad, el exceso de spots no ha anulado al debate y la confrontación de ideas y proyectos, las limitaciones o deficiencias están en la medida de la capacidad de los candidatos y sus equipos de campaña. Errores ha habido, de todos, y cada quien los ha asumido de la forma que mejor les viene, incluso minimizándolos o ignorándolos.

El IFE y el Tribunal Electoral han tenido la virtud de inclinarse más a favor de la libertad de expresión que de la salvaguarda de la ambigua prohibición de campañas denigratorias a los adversarios y a las instituciones. Como en toda democracia, ha habido campañas negras; paradójicamente, quien más las ha utilizado está en tercer sitio de acuerdo con la mayoría de las encuestas públicas, incluso, con la posibilidad de alcanzar su punto más bajo histórico desde la elección presidencial de 1988. El IFE ha hecho bien su trabajo y el haber alcanzado un pacto entre candidatos, promovido por figuras importantes de la sociedad civil, es un logro que debe reconocerse.

Los medios han sido también protagonistas importantes. La neutralidad o la objetividad es un valor muy difícil de complacer; quizás debiera pensarse en la imparcialidad que, como obligación legal, compete a los medios concesionados del Estado, no así a la prensa escrita, la que tiene la libertad de respaldar, rechazar o avalar causa, partido o candidato. En todo caso, lo más discutible se presenta con algunos medios escritos, los que, al amparo de una falsa imparcialidad se vuelven causa a favor o en contra de un candidato, lo que se interpreta como una ofensa a sus lectores y quizás hasta a sí mismos. De cualquier forma, lo importante es que las libertades se han salvaguardado y los medios han contribuido de manera ejemplar a la difusión y cobertura de las actividades de los candidatos.

Aspecto a destacar ha sido la conducta que ha asumido el presidente Calderón a lo largo del proceso. Su prudencia y cuidado ya han generado un reconocimiento muy positivo, también, un virtual consenso sobre el derecho que tiene el gobernante de expresar su punto de vista y defender públicamente las buenas cuentas de su gobierno. Se han despejado las dudas y las ominosas crónicas adelantadas de un supuesto intervencionismo electoral desde Los Pinos. Felipe Calderón acredita, en los hechos, la dignidad propia de su investidura y de su compromiso fundamental con el país.

Esto es especialmente significativo, porque sienta las bases para una transición de administración en términos de recíproca colaboración, crucial para la continuidad del gobierno y de la debida atención de los miles de asuntos a responsabilidad de las dependencias federales. Como aconteció hace 12 años, la alternancia, si es el caso, no es obstáculo para que el relevo de gobierno se ofrezca en términos de cordialidad y compromiso compartido por quienes se van, vienen o se quedan, lo que da lugar a acreditar el principio de la obligada separación entre la política partidaria y la administración pública.

Las múltiples modificaciones a nuestra Constitución no han atendido un aspecto importante: el amplio periodo que media entre la elección y la toma de posesión. La espera es singular y contraproducente; incómoda para quien se va y complicada para quien llega. Por esta consideración, el acuerdo no solo debe alcanzar a la administración, también al Presidente que concluye y al electo. Los cinco meses que vienen deben ser aprovechados y serán oportunidad para construir un compromiso democrático sobre el futuro del país, en especial, si el candidato ganador de la elección presidencial este domingo es de un partido distinto al del Presidente. El acuerdo firmado ayer tiene todo el potencial para significar un punto de partida de la nueva relación entre gobierno y oposición, fundada en la ética de la responsabilidad, valor extraviado desde 1997, cuando el presidente en turno perdió mayoría en la Cámara de Diputados, momento histórico de la transición mexicana.

Mañana habrá más que elecciones para definir gobierno nacional y el equilibrio político de la representación parlamentaria, hechos de por sí significativos y trascendentales. Lo que ocurra este domingo bien puede ser el principio de un nuevo momento de la política, exigencia compartida por todos los mexicanos.

Como pocas veces, todos los elementos están puestos en la mesa. A cada quien lo que corresponde: a los ciudadanos a votar, a las autoridades cumplir con lo que la ley les demanda, a los medios contribuir en generar certidumbre a través de la información, a los candidatos asumir con responsabilidad la voluntad ciudadana, en fin, a todos, la convicción de que en manos de cada cual está un mejor mañana.

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