Claroscuros | Luis Ignacio Sánchez
La cuestión de retirar al ejército de las calles es un tema del que se ha venido hablando prácticamente desde el inicio de la administración calderonista, y que ha polarizado a la sociedad en sus opiniones con respecto a dicha medida. Algunos sectores opinan que no sólo no debería retirarse al ejército de la contienda contra el crimen organizado, sino que debería dársele mayores atribuciones para llevar a cabo esta nueva tarea con mayor eficacia. Otros esgrimen que es una barbarie que una institución creada y dedicada ciento por ciento a las vicisitudes de la guerra (con todas sus tropelías, abusos y horrores) se encuentre a cargo de la seguridad de las calles.
Lo anterior desde luego otorga una gran importancia a tal problemática de cara a las elecciones presidenciales de 2012, provocando que los diversos y posibles candidatos esgriman una serie de opiniones y planes con respecto a la forma en que resolverían el tema de la inseguridad y, claro, el destino del ejército.
Uno de estos posibles aspirantes acaba de afirmar (Obrador, hace unos cuantos días), que si llegara a ocupar la tan codiciada silla presidencial, se dedicaría a crear las condiciones necesarias de igualdad y oportunidades que tanto necesita el país y que, al término de seis meses, retiraría al ejército de las calles.
Así, la propuesta del líder de MORENA tiende a la firma de acuerdos con empresarios, cuyo objeto sería el de “reactivar la economía nacional mediante créditos blandos y a la reducción del precio de energéticos”, lo que provocaría la creación de empleos y se terminaría con el problema de raíz. En el fondo, lo que trataría de hacer Andrés Manuel es resolver problemas como la falta de oportunidades, de empleo y de atención a los jóvenes, lo que a decir del tabasqueño son las principales causas de violencia e inseguridad. Así, se crearía un clima de bienestar social que permitiría el retiro de las fuerzas castrenses a sus cuarteles.
El plan suena bien, es racional y, aunque faltaría matizar toda una serie de aspectos, sin duda suena coherente y su posible implementación valdría la pena. Sólo hay un problema, y este se refiere a que el “Peje” ha manifestado que dicho proceso debería llevarse a cabo en tan sólo seis meses, afirmación que sin duda nos hará cuestionarnos acerca de las posibilidades de éxito de dicha política, en especial porque quedan sueltos elementos muy importantes, como la depuración de las corporaciones policíacas.
Este aspecto es esencial para un eventual regreso de los militares a sus cuarteles, pues eliminar a las fuerzas armadas de la escenario de violencia e inseguridad tal como es observado hoy día (y que será difícil que cambie de aquí a la entrada del próximo presidente de la República), podría resultar contraproducente, ya que en algunas regiones del país no habría un mínimo de seguridad, ni de garantías sino fuera por la constante presencia de efectivos castrenses. Hay que agregar además que los procesos para certificar a las corporaciones policiacas de todas las entidades del país avanzan a un ritmo pavorosamente lento, haciendo que los ejecutivos estatales pidan más tiempo para llevar a cabo los exámenes de confianza con los que el gobierno federal pretende depurar tales corporaciones de seguridad. Es cierto que hay avances, como en Veracruz, cuyo gobierno ha prácticamente desaparecido instituciones policiacas municipales (como la de Xalapa-Banderilla-Tlalnehuayocan) en favor de la policía estatal, más confiable, según la propia administración de la entidad veracruzana.
Sumando a lo ya dicho hasta aquí, y sin pensar en diversas trabas como la falta de poligrafistas y demás profesionales que tienen a su cargo las pruebas de confianza aplicadas a los policías, debe mencionarse que el proceso entero consumirá una gran cantidad de tiempo que fácilmente superará los seis meses previstos por Andrés Manuel. Si bien su propuesta es buena y ataca de frente una serie de factores que se cree son los que originan la violencia, me parece que peca de inocente al tratar de concretarla en un semestre. Más aún, podría acusársele de populista al hacer ofrecimientos que, a mi juicio, no podría cumplir en el tiempo estipulado.
Finalmente, es un hecho que el ejército no permanecerá eternamente en las calles, pero el plan de Obrador debe ser más amplio, a mediano y largo plazo, y que constituya una política permanente. Por el momento (y ya que la fuerza militar es más que necesaria en algunos puntos de nuestra maltratada república), las tareas primordiales deben centrarse en la certificación de las policías, su correcta instrucción y aumento de sueldos. En cuanto a los militares creo que la educación es una cuestión fundamental que no admite retraso, en especial a la tropa y oficiales, con el objeto de que respeten los derechos humanos, tan vulnerados en los últimos cinco años.
Página personal del autor: www.ignativss.wordpress.com
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