Las Familias de los asesinados

Se ha dado a conocer la noticia de que ya se han identificado a por lo menos 13 de los 15 asesinados y decapitados que fueron arrojados frente a un centro comercial en Acapulco, también se comenta que al menos 3 de ellos son menores de edad.

El horror que provoca la noticia en sí misma y la tendencia a la cotidianeidad de este tipo de sucesos, probablemente nos lleve a la tentación de una simple explicación. Por ejemplo: Lo merecían, se lo buscaron, o bien, la justificante de los “ajustes de cuentas”, o la explicación de la exitosa o fallida -como el lector prefiera- guerra contra las bandas criminales llevada a cabo por el gobierno de Felipe Calderón, también podemos descubrir una respuesta rabiosa por parte de los grupos delincuenciales contra las declaraciones del Presidente el día anterior en sentido de ir ganando la guerra, presumiendo detenciones de alto nivel.  En fin, que pretextos hay para darle vuelta a la página.

Sin embargo; quisiera detenerme y aprovechando este triste acontecimiento, reflexionar sobre las familias de estos y los más de 30,000 muertos en lo que va del sexenio de Calderón. Si bien no todos han muerto por pertenecer a bandas criminales, el tema que quiero plantear es acerca de las familias de los que presumiblemente sí eran parte del crimen organizado según las versiones oficiales.

Poca atención se le dedica a las familias que sin importar las circunstancias por las que el familiar haya muerto; es decir, circunstancias relacionadas con su actividad delincuencial, deben sentir un gran dolor, temor y quizá vergüenza ante la perdida.

Seguramente fueron hijos, hermanos o padres que por diversos motivos se vieron envueltos por voluntad o no, en estas actividades. No se trata de justificar sus razones, mi pregunta sigue siendo: ¿y sus familias?

En muchos países desarrollados, el estado se hace cargo del apoyo psicológico y en ocasiones económico ya sea temporal o permanente, para las familias que han sufrido no sólo por la pérdida de uno de sus miembros, sino también por el impacto que provoca darse cuenta en algunos casos, por primera vez, que su familiar era parte de estos grupos, en caso de ser cierto y probado. Tema importante es también, preguntarse cuántas de estas familias se atreven a denunciar lo que saben, ya sea por las amenazas recibidas por parte de los grupos criminales o bien, de los ministerios públicos. En México no es extraño anticipar que las amenazas lleguen de todos lados.

De cualquier manera, en una sociedad que aspira a ser mejor, las familias tienen derecho a:

• Que se expliquen las razones verdaderas del crimen.
• Que se compruebe el dicho de la participación de su allegado en grupos delincuenciales.
• Que se atrape a los responsables y se haga justicia.
• Que se les brinde apoyo psicológico y económico de acuerdo al caso.
• La reubicación, es deseable debido a la condena social.

Después de todo, el argumento irrefutable por parte de estas familias podría ser: Si eran delincuentes deberían estar en la cárcel pero no muertos. El Estado también es responsable por su seguridad, porque antes que otra cosa, eran mexicanos.